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| Miembros Plataforma en defensa del patrimonio de Sevlla |
Desde que en abril de 2017 el Ministerio de Justicia solicitase al decano-presidente del Colegio de Registradores la relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998, aún no se ha recibido el listado de todos los bienes. Desde el gobierno solo se remiten al punto 5.11. del Acuerdo del Gobierno de coalición que estipula: "haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatricucados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros". De esta forma son muchas las provincias españolas que ya se han sumado a esta causa, entre ellas: Córdoba, Navarra, Teruel, País Vasco o Valencia. Desde la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla se reclama a la Defensora de la Ciudadanía el listado de bienes inmatriculados. De esta forma la plataforma sevillana ha registrado una petición ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para “que el gobierno municipal cumpla con lo aprobado en el Pleno y recabe de los Registros de la Propiedad el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica”.
El Pleno del consistorio hispalense aprobó en febrero de 2018 una moción, promovida por dicha Plataforma, para obtener “la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia católica, teniendo en cuenta que pueden haber utilizado nombres diversos de Diócesis, Congregaciones, Obispado, Cabildo o similares”. Sin embargo, “desde que se aprobara la moción hace más de dos años, no hemos vuelto a tener noticias” afirma la Plataforma, que ya solicitó a finales de 2019 una reunión con Juan Espadas “que sigue sin respuesta”. Además denuncian que el gobierno municipal les iba a remitir la petición elevada a los Registros de la propiedad “y Espadas tampoco ha cumplido con eso”. De ahí, que esta plataforma haya acudido a la Defensora de la Ciudadanía para “que intermedie y vele por el cumplimiento de lo que aprueba el Pleno, ya que se trata de una cuestión de simple transparencia”.
La Plataforma, que se define como un conjunto de ciudadanos -entre ellos cristianos de base y cofrades- que sólo están en contra de que la jerarquía eclesiástica se apropie de bienes inmuebles que forman parte el Patrimonio del Estado, ha insistido en el escrito registrado en “que la Iglesia Católica ha tenido el privilegio de inscribir inmuebles sin necesidad de acreditar título de propiedad, aprovechando lagunas o vericuetos legales de una normativa franquista, actuando como una Administración Pública y sus diocesanos como notarios”.
